La minería arrinconó a Zamora Chinchipe
Las piscinas de dragado contaminan el río Nangaritza a lo largo de su cauce, como en Zurmi, una comunidad shuar. Foto Jackeline Beltrán.
Por Jackeline Beltrán / @jackybeltran
En Zamora Chinchipe están Cóndor Mirador y Fruta del Norte, los dos megaproyectos con los que Ecuador inauguró la minería a gran escala. Entre enero y septiembre del 2021, el 50% de los ingresos del país por esta actividad vinieron de esa provincia, pero a cambio, el Alto Nangaritza -último puente de conexión boscosa entre los Andes y la Amazonía- sucumbió a la minería legal e ilegal. Además, una parte de la Nacionalidad Shuar no encontró otra opción para mejorar su calidad de vida que buscar oro.
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“En la cordillera existen grandes reservas de oro, cobre, plata y muchos otros minerales; quizás por eso, alguien repetía a menudo que los indígenas son ‘mendigos sentados en un saco de oro’. Lo que esa persona no fue capaz de entender es que su verdadera riqueza no está bajo el suelo, sino encima de él, en los bosques y en su biodiversidad”.
Paúl Palacios, ingeniero ambiental.
Las postales que no se ven
La vía que conecta las provincias de Loja y Zamora Chinchipe es una sucesión de eses rodeadas de montañas frondosas, muy verdes. Ya cerca de la ciudad de Zamora hay letreros que dan la bienvenida a la “tierra de las cascadas y las aves”. Y claro, hay aves revoloteando por ahí. Hay un río que acompaña el camino y se adentra en la ciudad. Ahí hay un malecón que da a la avenida más ruidosa y turística de esta urbe amazónica enclavada en el sur del Ecuador. Esas postales son, más o menos, las que los viajeros esperan encontrar cuando piensan en la Amazonía ecuatoriana.
Pero hay escenas que rompen con el idilio. A cinco minutos del malecón en vehículo está el Redondel del Minero, un monumento de unos cinco metros de alto que muestra la figura de un hombre con casco y botas, que sostiene en sus manos una batea para lavar oro. La estatua está tan bien hecha que la piel luce como si ese calor tropical la hubiera tostado. El minero mira hacia el río Zamora y al Parque Nacional Podocarpus, un área protegida de 146 280 hectáreas que alberga especies de aves únicas y un complejo de más de cien lagunas. Incluso da la sensación de que ese minero gigante les hiciera una reverencia.
El monumento es el primer indicio de que en Zamora Chinchipe todo gira alrededor de la minería. La provincia entera es una mancha verde de 10 556 kilómetros cuadrados atravesada por ríos caudalosos, árboles de madera fina, plantas medicinales y ornamentales únicas, un sinnúmero de especies animales endémicas y también toneladas de oro, plata, cobre y bronce.
Aunque esta provincia aporta con menos del 1 % del Producto Interno Bruto de Ecuador, el sector que más suma es la explotación de minas y canteras, y con él todos los negocios vinculados: ferreterías, venta de maquinaria, transporte, asesoría legal, alimentación, hospedaje.
La minería aporta con cerca del 70 % de los ingresos tributarios totales de Zamora Chinchipe y supera a otros sectores como la construcción, que alcanza un 18 %; las industrias manufactureras, con un 3 %; o el comercio, con un 2 %, según datos del Servicio de Rentas Internas del 2019, recogidos en el Plan de Ordenamiento Territorial de esta provincia. En el primer trimestre del 2021, las minas y los proyectos mineros estratégicos generaron 5 702 empleos directos y 17 100 indirectos en Zamora Chinchipe, según ese mismo reporte.
Entre enero y septiembre de 2021, Ecuador recaudó 72,41 millones de dólares por concepto de impuestos mineros (pago de patentes de conservación, regalías y utilidades mineras). Un 54 %, es decir, 39 millones de dólares, fueron recaudados por Zamora Chinchipe, según datos del Ministerio de Energía y Recursos no Renovables. Mientras que las exportaciones de productos mineros alcanzaron 961,11 millones de dólares entre enero y agosto del 2021, un 134,4% más que el mismo periodo del año anterior, según el reporte del Servicio de Rentas Internas (SRI) difundido por el Ministerio de Energía. Este incremento fue impulsado por la producción en los grandes proyectos ubicados en Zamora Chinchipe.
Por todo esto, dentro del Plan de Ordenamiento Territorial 2019-2023 del Gobierno Provincial de Zamora Chinchipe, las reservas metálicas y no metálicas son consideradas un potencial de desarrollo económico para las familias mineras y las poblaciones cercanas a los grandes proyectos.
La marisquería de la parroquia Namírez lleva por nombre Puerto Minero. Las decenas de letreros que anuncian la presencia de un yacimiento o alertan de la entrada y salida de volquetes, los comedores improvisados en la carretera, las botas y cascos amarillos colgados en las pequeñas casas junto al río, las grandes canchas y coliseos construidos con regalías mineras dan cuenta de que todo o casi todo aquí guarda relación con la industria minera.
Las decenas de máquinas que hoy extraen el oro del alto Nangaritza ya son parte del paisaje que no venden los folletos para turistas.
El Alto Nangaritza fue uno de los territorios más biodiversos de la Amazonía ecuatoriana hasta que el Gobierno Provincial de Zamora Chinchipe, entonces dirigido por Salvador Quishpe, líder del Movimiento Plurinacional Pachakutik, brazo político de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), construyó una carretera en dos frentes: por el norte para conectar a las comunidades shuar del Alto Nangaritza con la capital Zamora, y por el sur, un tramo que lleva al cantón Palanda. “Pero cuando hicimos esta carretera, que suma 50 kilómetros, inmediatamente empezaron los mineros con sus maquinarias a romper la unidad de las comunidades shuar -explica Quishpe, quien al momento de esta entrevista es asambleísta nacional-, porque antes no querían saber nada de minería, ni pequeña ni de ningún tipo. Luchaban por cuidar su territorio”.
Esa carretera, que Quishpe había soñado desde niño, porque él también vivió en el Alto Nangaritza, se convirtió, enseguida, en el camino para que los mineros que ya trabajaban en la parte baja del río pudieran por fin trasladar maquinaria pesada hasta ese pedazo de selva, el último que se mantenía a salvo de la mano del hombre, y así, todo se salió de las manos.
Dos niños juegan en la parte alta del río Nangaritza, junto a un grupo de mineros que extraen oro en la comunidad Shaime. Foto tomada en 2018, cortesía de Carlos Medina.
Cronología de una tierra prometida
Los minerales de esta tierra ya atrajeron a los españoles durante la colonia, pero la mayor parte de los recursos se mantuvieron intactos hasta el siglo XX. Según las investigaciones del periodista e historiador Pío Jaramillo Alvarado, las minas alcanzaron su apogeo en los siglos XIV y XV, pues constituyeron el principal atractivo de los reyes de Castilla y de España. Pero la extracción decayó debido a la baja producción de algunos yacimientos y a los fraudes que cometían los empleados de los españoles. Mientras no sacaban el oro de Zamora, lo hacían de las minas ubicadas en Zaruma o Portovelo -dos localidades de la actual provincia de El Oro consideradas las primeras zonas mineras del país.
En la década de los ochenta, cientos de personas migraron desde las provincias de Loja, Azuay, El Oro, Guayas, e incluso desde Perú, en busca de ese codiciado oro. Zamora Chinchipe se convirtió así en una especie de tierra prometida para todo aquel que tuviera habilidades para buscar.
Paúl Pineda es minero. Tiene 45 años y seis hijos. Vive en la parroquia Nuevo Quito, en el cantón Paquisha, zona de frontera con Perú. Su padre también fue minero y uno de los que llegó por esos años a Zamora Chinchipe desde Vilcambamba, Loja.
“Mi papá caminó por toda la provincia, por el país entero buscando el oro”, cuenta Paúl desde la sala de su casa, ubicada cerca de la mina que le ha dado el dinero para criar y educar a sus seis hijos. Su padre y los otros tantos que llegaron habían escuchado que en esa zona remota del Ecuador había oro, incluso más que en Zaruma y Portovelo, pero no sabían con precisión en dónde estaba y lo buscaban con ansiedad y de una manera rústica.
Alguna vez, su padre le contó que, antes de volverse minero, él imaginaba que el oro se encontraba en bloques parecidos a una tableta de chocolate, pero dorados y brillantes. Creía ingenuamente que había que cortar esos bloques en pedazos para luego venderlos.
Después de mucho buscar, el padre de Paúl llegó a Chinapintza, un distrito minero ubicado en el cantón Paquisha, que limita con la Amazonía de Perú, y llegó para quedarse. Llevaba a su hijo de 12 años a las orillas de los ríos y a las quebradas para que le ayudara a sacar el oro que aparecía entre las rocas confundido con otros minerales. Juntos lo lavaban con platones y canalones y usaban químicos como el mercurio para separarlo.
Los foráneos empezaron a asentarse en los sitios más prodigiosos: Nambija -un caserío en el que está el yacimiento más conocido de Zamora-, el distrito Chinapintza, El Zarza -un poblado del cantón Yantzaza que hoy es una reserva protegida-, San Luis -una mina ubicada dentro del Parque Nacional Podocarpus, por nombrar algunos. Más tarde dejaron de buscar en los ríos y se adentraron en las montañas. Reemplazaron las rudimentarias herramientas por técnicas más sofisticadas como dinamitar la tierra para construir túneles. En poco tiempo, la fiebre del oro contagió a Zamora Chinchipe y la cambió para siempre.
“Eso trajo consigo problemas y conflictos como la explotación inhumana, daños a la salud, a la tierra, a los ríos, a la flora y a la fauna”, explica la asambleísta Isabel Enríquez, nacida en Chinapintza, hija de un minero que llegó a Zamora Chinchipe a finales de los 80. “Yo me pongo en el centro, porque vengo de una familia de actividad minera, pero también tienes otros temas: la importancia de la naturaleza, la necesidad de trabajo, el impacto de la minería a gran escala”, añade esta legisladora que obtuvo la curul también como miembro del Movimiento Plurinacional Pachakutik.
Esa relación con la minería llevó a Enríquez a investigar sobre la actividad. Nambija fue la zona más afectada, recuerda la mujer. Se convirtió en la mina más codiciada de Ecuador y en la más peligrosa, de acuerdo con los registros de prensa. Allí ocurrieron decenas de desastres. El más recordado es el de aquel Día de la Madre de 1993, cuando un deslave mató a 200 personas.
Pero ni los muertos ni las aguas sucias ni los niños enfermos ni la violencia en las calles ni los maltratos en los hogares han podido aplacar esa fiebre por el oro.
Por eso, Paúl Pineda, quien también estudió Ingeniería en Gestión Ambiental, brinda otra perspectiva. Dice que a los mineros artesanales, desde fuera, los miran feo: les llaman ilegales, contaminadores, ambiciosos. “El minero artesanal siempre ha sido sujeto de satanización -cuenta-, si un compañero va a comprar dinamita, la policía lo sigue, el fiscal lo acusa por guerrillero, eso es terrible. Si lo encuentran con una piedra de cuarzo fuera del distrito, ya es minero ilegal”. El mensaje cada vez más presente dice que si la minería es legal, no trae consecuencias negativas para la población ni para el medio ambiente.
La asambleísta Enríquez promueve la legalización de los mineros artesanales como una forma de controlar esta actividad en la provincia. “Minería sí, pero en los lugares tradicionales. Siempre que respetemos las leyes y estemos conscientes de que son recursos no renovables -proclama-; los pequeños mineros quieren mejorar su actividad, quieren aportar al fisco. Hay una ley que está más encaminada a que la cumplan las grandes transnacionales”. Ella espera que en una nueva reforma a la legislación sobre minería este sector sea considerado.
La actividad ilegal, que abunda por esas tierras, sumada a las malas prácticas de grandes compañías legales que han contaminado ríos, suelos y aire, a pesar de contar con permisos ambientales, y a la falta casi total de control por parte del Estado, han creado ese estigma con una población que mueve la principal economía de la provincia de Zamora Chinchipe. El dilema va y viene entre las necesidades no satisfechas y la ausencia de regulaciones para proteger y administrar los recursos naturales no renovables. La legalidad y la ilegalidad son terrenos difusos y muy parecidos entre sí.
En Zamora, las retroexcavadoras, que son las máquinas más usadas para la actividad minera, están en todas partes, incluso en una especie de monumento junto al río Bombuscaro. Foto: Jackeline Beltrán.
De la pequeña a la gran minería
Las minas dieron para comer, para comprar casas, autos, pagar los estudios de los hijos, para llegar a fin de mes sin mayores sobresaltos. Pero el expresidente Rafael Correa dijo que podían dar para más. Su recordada frase “no podemos ser mendigos sentados en una mina de oro” fue el presagio de que en adelante sería el Estado el que iría en busca de esas riquezas y lo haría en grande. Los desalojos forzados, la represión estatal y la criminalización de los defensores de la naturaleza se volvieron frecuentes durante el mandato de Correa.
Desde entonces, los derechos de la naturaleza, consagrados en la Constitución del 2008, importaron muy poco ante los designios gubernamentales y eso no cambió con los siguientes gobiernos: ya en el 2019, durante el régimen de Lenín Moreno, Ecuador inauguró la minería a gran escala con dos proyectos ubicados en Zamora Chinchipe: Cóndor Mirador, en la parroquia Tundayme, del cantón El Pangui; y Fruta del Norte, en Los Encuentros, Yantzaza. Los dos habían sido parte de las promesas más ambiciosas del gobierno anterior.
Aunque el 81 % de su suelo esté destinado a conservación y protección, hasta julio del 2021, el 36 % del territorio de Zamora Chinchipe estaba concesionado a la industria minera, de acuerdo con cifras del catastro minero nacional. Las actividades ilegales no alimentan los registros oficiales pero ocupan otro buen porcentaje.
Mirador, ubicado en la Cordillera del Cóndor, tiene reservas de 3,18 millones de toneladas de cobre; 3,39 millones de onzas de oro y 27,11 millones de onzas de plata. Fruta del Norte es uno de los mayores yacimientos en el mundo: guarda 4,82 millones de onzas de oro y 6,34 millones de onzas de plata.
La Cordillera del Cóndor, donde está el proyecto Mirador, es un área de vasta biodiversidad y de alta capacidad de recarga hídrica, según científicos como Santiago Ron, profesor principal de la Escuela de Ciencias Biológicas de la Pontificia Universidad Católica (PUCE). . La concesión es propiedad de la empresa china Ecuacorriente S.A., (ECSA). La mina está ubicada en la parroquia Tundayme, cantón El Pangui. En este lugar, la madrugada del 20 de septiembre del 2015, bajo el mandato y las órdenes del gobierno de Correa, 20 familias fueron desalojadas por policías y personal de la empresa minera. “Con maquinaria pesada, el Estado y la empresa privada china destruyeron las casas de madera, los sembríos y los artefactos de los habitantes de la parroquia”, registra la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh), una de las organizaciones que ha seguido de cerca el caso y que denunció los hechos junto a la Red Eclesial Panamazónica (Repam) y a la Comunidad Amazónica de Acción Social Cordillera del Cóndor Mirador (Cascomi). Intentamos contactar a representantes de la empresa para obtener su versión pero no recibimos respuestas.
Desde entonces, los conflictos socioambientales se agudizaron. El 18 de julio del 2019, en el proyecto Mirador se inició la producción de cobre a gran escala, pero antes de eso ya se evidenciaron las primeras afectaciones. Durante la etapa de construcción de las vías de acceso para la mina, entre 2009 y 2017, se deforestaron 1 307 hectáreas de bosque, de acuerdo con un estudio del proyecto Monitoring of the Andean Amazon Project (MAAP).
Al cierre de esta publicación, una de las principales preocupaciones de la población y de las organizaciones sociales es la cuenca del río Tundayme, en donde se construye una relavera -lugar a donde llegan todos los desechos producidos por la actividad minera. En una visita que personal del colectivo Geografía Crítica, dedicado a cartografiar los territorios afectados por actividades extractivas en el país, hizo a la zona en el 2019, “se observó el cambio de aspecto del agua en el río. Arriba, en la cuenca, el río tiene un color café transparente, pero conforme se baja por el cauce del río y entra a las áreas donde la empresa realiza trabajos, su color cambia a café oscuro y turbio”, dice el informe. “Además de la contaminación con sólidos suspendidos, se observó la intervención en el cauce natural del río Tundayme en varias ocasiones a lo largo de su recorrido”, añade el reporte.
Un informe de la Contraloría General del Estado, publicado en el 2020, también reveló que las actividades mineras de Ecuacorriente afectaron a los ríos Wawayme, Tundayme y Quimi con una exposición de metales como el aluminio, manganeso, hierro y otros minerales. La entidad también detectó falta de control por parte del Ministerio del Ambiente entre el 2016 y el 2019 e incluso varias publicaciones de prensa se hicieron eco del hecho. “Esa Cartera de Estado no exigió al concesionario que haga las acciones correctivas”, dice el reporte.
Pese a eso, los gobiernos de Rafael Correa, Lenín Moreno y Guillermo Lasso le han apostado a lo que denominan “minería responsable”, aunque ese concepto no coincida con los hallazgos de las mismas entidades de control, en Mirador. «Es necesario reconocer que el apoyar a la minería legal y responsable es apuntar al fortalecimiento económico del Ecuador”, dijo en octubre del 2021 el ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables, Juan Carlos Bermeo, durante el Encuentro Anual de Minería. «La minería es generadora de empleo, encadenamientos productivos, divisas, dinamización de la economía, entre otros beneficios, que de un tiempo acá, son cada vez más visibles», argumentó y añadió que hasta finales del 2021, el Gobierno esperaba ingresos por 1 600 millones de dólares por la actividad minera: “74% más que en 2020, debido a que en el segundo semestre de este año la mina Mirador alcanzará un volumen de procesamiento de 60 000 toneladas por día».
El Ministerio de Energía sustenta sus proyecciones en el ritmo de trabajo que las dos minas han tenido en los últimos meses.
Mientras Ecuador impulsa su boom del oro y el cobre, basado en la idea de la “minería responsable”, la actividad ilegal y las zonas de legalidad difusa muestran los efectos que el extractivismo puede provocar. Como ocurrió el 15 de diciembre del 2021 en Zaruma, una pequeña ciudad ubicada en la provincia de El Oro, en la que décadas de minería han provocado que su casco urbano empiece a hundirse. O en Ponce Enríquez, Azuay, donde los ríos están completamente contaminados por los químicos que usa la actividad minera. O en zonas fronterizas como Esmeraldas, donde la actividad minera ilegal está vinculada a delitos como el narcotráfico y el contrabando, y mueve grandes cantidades de dinero que se escapan de las arcas del Estado.
Las retroexcavadoras permanecen en el río Nangaritza, donde la extracción de oro toma hasta 16 horas al día. Foto: cortesía de Carlos Medina.
El fin del Alto Nangaritza y el arrinconamiento de los shuar
A salvo de todo eso se mantenía el Alto Nangaritza hasta el 2014, cuando se inauguraron los últimos kilómetros de la vía que impulsó el exprefecto Salvador Quishpe. El Alto Nangaritza era uno de los últimos puentes de conexión boscosa en Sudamérica entre la cordillera de los Andes y la Amazonía, pero desde entonces, una de las zonas de más alta biodiversidad del mundo, hot spot de piedemonte amazónico, comenzó a desaparecer en manos de la actividad minera legal e ilegal.
Para los científicos, el Alto Nangaritza es un laboratorio vivo en donde se pueden descubrir 30 especies de flora y fauna en menos de 15 días, como ocurrió en expediciones que se hicieron entre el 2009 y el 2012, bajo el liderazgo de universidades y organizaciones no gubernamentales como Naturaleza y Cultura Internacional. Para entender su importancia, Trostky Riera, coordinador de la oficina de Naturaleza y Cultura en Zamora Chinchipe, dijo que “es tal la importancia biológica, que la única forma de dimensionarla es compararla con uno de los territorios más conocidos y famosos sobre la faz de la tierra, por su diversidad biológica y cultural: el Parque Nacional Yasuní». En una publicación de esta organización, Riera explica que el Yasuní tiene más de un millón de hectáreas mientras que el valle del Nangaritza cuenta con aproximadamente 264 000 hectáreas, es decir la cuarta parte. Y destaca que en ese espacio más reducido se registra una biodiversidad mayor, por ejemplo, el Yasuní tiene 12 ecosistemas y el Nangaritza, 11.
Para los turistas es un paraje exótico que hay que atravesar para llegar al corazón de la selva y tomarse fotos a bordo de una lancha que se adentra en un río que no parece tener fin. Atravesar cascadas, encañonados, rocas petrificadas, escuchar a las aves, sentir el aroma del agua fresca, interactuar con los habitantes shuar de la zona, beber su chicha, conocer sus costumbres son objetivos de cualquier itinerario turístico.
Para los habitantes shuar de la provincia, esta zona representa el sostén de su existencia. Pero para los mineros, el Alto Nangaritza es la joya de la corona.
Los shuar son la etnia amazónica más numerosa de Ecuador. Son aproximadamente 110 000. Habitan en las provincias de Morona Santiago, Pastaza y Zamora Chinchipe; ocupan territorios en Sucumbíos y Orellana. Pero, además, se han movilizado a otras zonas del país: caseríos y comunas shuar se asientan en Guayas y en Esmeraldas, en la región Costa. En Zamora Chinchipe, viven cerca de 8 000 pobladores shuar que se agrupan en 10 centros comunitarios, uno de ellos, Tayunts.
Tayunts se organizó y decidió respaldar la minería. La mayoría de la población shuar habita en la provincia de Morona Santiago, en donde, a diferencia de Zamora Chinchipe, las comunidades han decidido prohibir la actividad minera en su territorio. Ahí se encuentra el Pueblo Shuar Arutam, liderado por Josefina Tunki, que embandera la oposición al extractivismo y busca que la Cordillera del Cóndor quede libre de toda actividad que pueda afectar su ecosistema.
Al cantón Nangaritza se llega por un camino lastrado, lleno de piedras que provocan sacudones a lo largo del viaje. Sus 8 000 habitantes se distribuyen en cuatro parroquias: Guayzimi, Zurmi, Nuevo Paraíso y Nankains. La mayoría pertenece a la Nacionalidad Shuar.
Junto a la vía principal está el río Nangaritza, que da nombre a esta tierra. Este fue el cauce que sirvió para que, durante la década de los 40 del siglo XX, los shuar navegaran aguas arriba huyendo de los colonos, en busca de su último refugio. El Nangaritza ha dado peces para alimentarse y agua fresca para que los niños se bañen, pero hoy está invadido de máquinas retroexcavadoras legales e ilegales que remueven todo el subsuelo en busca del oro.
En el camino casi no hay nada más que selva, río y maquinaria pesada. Rótulos que señalan las concesiones mineras y algunas chozas. De sus estructuras cuelgan botas y cascos amarillos. No hay estaciones de combustible ni farmacias ni tiendas de víveres, siquiera.
Pasando la parroquia de Guayzimi, ya en Zurmi, la otra parroquia rural de Nangaritza, hay un muelle y dos pequeños restaurantes para atender a los mineros. Uno a cada lado de la vía. En uno de ellos hay un televisor de unas 50 pulgadas, aunque no hay antenas, cable ni señal de celular. Una mujer y sus dos hijos atienden el negocio. Ella cocina y sirve mientras los pequeños salen a preguntar a los comensales qué quieren comer o beber. En las mesas hay anuncios de un distribuidor de retroexcavadoras, como las dos que se ven desde el muelle junto a una piscina de dragado.
Son las doce y una pareja de esposos llega para el almuerzo. Los dos son mineros. Miran de reojo a un par de extraños que están sentados en la mesa de al lado.
-¿Qué material sacan de aquí? -pregunta uno de los extraños.
-Oro. Aquí todo es puro oro -responde él.
Al preguntarle su nombre, el minero evita responder. Solo cuenta que él lleva toda su vida dedicado a esto y aclara sin que nadie se lo pida que tienen los permisos para trabajar. La mujer mira, aún con desconfianza. Ella aprendió con él a hacer minería y hoy esta actividad es el sustento de los dos. Como no es común que los viajeros se detengan en este lugar para almorzar, la pareja se levanta apenas termina su comida y se aleja.
Faltan 10 kilómetros para llegar a Nuevo Paraíso, la parroquia rural en la que empieza el Alto Nangaritza. Este territorio está habitado por cinco poblados shuar que ocupan aproximadamente 2 500 hectáreas. Hay menos de 100 viviendas, todas construidas con los materiales de la zona. Tienen energía eléctrica, pero solo unas cuantas casas tienen agua potable o alcantarillado.
“La mayoría de habitantes shuar vivía el día a día -cuenta María Molina, una periodista de Zamora Chinchipe que ha visitado ese lugar antes y después de que la actividad minera llegara-, porque al ser una zona tan alejada no existían instituciones o empresas que generen fuentes de trabajo. Se dedicaban a la agricultura y a la ganadería; también hubo iniciativas de emprendimientos que finalmente fracasaron”.
Los shuar vivían alejados de las grandes ciudades porque no había carreteras para desplazarse. Solo tenían las lanchas y los ríos. Esa era la única forma de salir y acceder a sus comunidades. Esa especie de aislamiento mantuvo a salvo, por mucho tiempo, la selva que habitaban y protegían.
Pero en el 2014, la Prefectura de Zamora Chinchipe, que estuvo dirigida por el que en 2021 se convirtió en el segundo asambleísta nacional más votado, Salvador Quishpe, inauguró los últimos 50 kilómetros de lo que llamaba “La vía de la Unidad”. Esa carretera debía tener 80 kilómetros para conectar a las poblaciones más alejadas del Alto Nangaritza con el resto de la provincia, pero de paso permitió que los mineros que ya trabajaban en la parte baja del río -y no habían avanzado aguas arriba por las dificultades para trasladar maquinaria pesada- lleguen hasta ese pedazo de selva tan prodigioso. Y entonces, empezó el desastre.
Provenientes de las provincias de El Oro, Azuay y de otras zonas de la misma Zamora Chinchipe, llegaron personas que ya tenían experiencia. Rentaron las propiedades de los shuar y les prometieron que sus condiciones de vida mejorarían. Ellos aceptaron. La minería se tomó las riberas del río Nangaritza. Conquistó a las familias que antes luchaban contra el extractivismo y alteró el último territorio de la provincia que quedaba a salvo de las intervenciones humanas.
“Han hecho minería de la peor forma que pueda imaginarse -cuenta Paúl Palacios, ingeniero ambiental, quien fue director de Gestión Ambiental en la Prefectura de Zamora Chinchipe. De la peor forma significa que una fila de retroexcavadoras ‘destripen’ un pedazo de la Amazonía. Los mineros legales e ilegales trabajan a una velocidad destructora: las jornadas se extienden entre 16 y 20 horas diarias, siete días a la semana. Usan lo que tienen más a la mano: mercurio, cianuro, máquinas oxidadas. Para el dragado, usan retroexcavadoras con brazos de seis o más metros de largo. Cuando estos se adentran en el agua remueven el ecosistema acuático: peces, microinvertebrados, vegetación, y dejan huecos que ni siquiera son rellenados debido a la premura con la que trabajan.
El mercurio y el cianuro que utilizan para extraer y separar el oro de las piedras terminan en el río. Incluso si no se usaran estos químicos, hay ciertos minerales que están ahí enterrados que son liberados con el uso de las dragas. Cuando eso ocurre entran en contacto con el oxígeno y se producen reacciones químicas que hacen que las sustancias se vuelvan nocivas para la salud del ecosistema, explica Palacios, quien también trabajó en el proyecto Salvemos el Alto Nangaritza, impulsado por el anterior Gobierno Provincial de Zamora Chinchipe.
Las zonas más afectadas son Shaime y la quebrada de Shamatak, explica Palacios. “Si el río Nangaritza es un desastre, Shamatak ya no sirve para nada. Ahí es en donde más oro han encontrado. Este afluente nace en una de las montañas contiguas a Nambija, entonces parece ser una sola veta que viene desde allá”.
La premisa es -asegura Palacios- “saquemos lo que más podamos antes de que lleguen las autoridades, porque otra oportunidad no va a haber”. Porque sí, todo eso ocurre sin que ninguna entidad estatal de control lo impida o al menos lo regule. Aunque hay algunos permisos, la mayor parte de la minería que se desarrolla en la zona es ilegal. Todos lo saben. Incluso las autoridades.
La asambleísta Isabel Enríquez, quien hace un seguimiento a la actividad minera en Zamora Chinchipe, principalmente artesanal, explica que las autoridades locales han mantenido reuniones con los funcionarios del Ministerio del Ambiente y de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables (Arcernnr) para pedir su intervención. La Arcom trabaja con la Policía Nacional y con las Fuerzas Armadas en inspecciones de seguimiento y operativos sorpresa. Pero en el 2020, los controles a la minería ilegal se redujeron debido a la pandemia, aunque la extracción de los minerales no se detuvo. Ese año se desarrollaron 282 operativos, a diferencia de los 418 del 2019, según recogió diario La Hora. El 85% de las acciones se concentraron en cinco provincias: Zamora Chinchipe, Napo, Imbabura, Azuay, Loja y Los Ríos. En estas actividades, las autoridades identificaron 26 puntos de minería ilegal en el Alto Nangaritza hasta octubre del 2021, cuando encontraron frentes de explotación a cielo abierto, uso de maquinaria pesada en zonas sin permiso y materiales no autorizados como químicos y combustibles.
Corre el rumor de que en algún momento del 2020 hubo hasta 150 máquinas alrededor de la parte alta del río Nangaritza. Ninguna autoridad ha podido corroborar esa denuncia y una de las razones es que desde el 2018 se volvió difícil acceder al lugar. Ese año, durante un operativo de la Agencia de Regulación y Control Minero en la comunidad Shaime, miembros del centro shuar Tayunts retuvieron a 22 funcionarios públicos y quemaron tres vehículos en los que se movilizaban las autoridades.
“Las autoridades tienen miedo a subir porque les puede pasar otra vez algo así –cuenta Paúl Palacios–, las personas que hicieron el secuestro y la quema de vehículos sienten que no pasó nada y que podrían volver a hacerlo y no va a pasar nada”.
“Debido a la alta conflictividad de la zona se ha impedido el ingreso al área por lo que no se ha podido determinar el daño ambiental”, respondió el Ministerio del Ambiente, vía correo electrónico, a una solicitud de información de La Barra Espaciadora sobre el control ambiental al Alto Nangaritza.
La institución también informó que en el 2021 se ha coordinado, junto con la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables (Arcernnr) y la Policía Nacional, a través de la Unidad de Protección del Ambiente Z9-DMQ, dos reuniones para la intervención en este lugar; pero que “hasta el momento no se han presentado las condiciones de seguridad óptimas para el ingreso” y “se continuará insistiendo en la coordinación interinstitucional a fin de ingresar a la zona”.
Pero las declaraciones de la entidad muestran contradicciones. En el 2019, el abogado Darwin Riera, a nombre de la Red de Protectores del Agua, interpuso una acción de protección contra el Ministerio del Ambiente y contra el Ministerio de Energía, para impedir el otorgamiento de títulos mineros dentro del Área de Bosque y Vegetación Protectora de la Cuenca Alta del Río Nangaritza y en sus riberas. El objetivo era que las concesiones mineras en esa zona fueran revertidas. Pero el recurso fue rechazado en primera instancia por un juez de Centinela del Cóndor, y en segunda instancia, por la Sala Única Multicompetente de la Corte Provincial, con sede en el cantón Zamora.
El Ministerio del Ambiente argumentó en ese momento que las concesiones están fuera del área protegida de Nangaritza. Según un reporte emitido en julio del 2019 por la Cartera de Estado, “en esta área no existe prohibición para realizar actividades mineras”. En la cuenca alta del río Nangaritza existen 36 derechos mineros inscritos -ese es el último dato oficial obtenido al cierre de este reportaje, pues la entrega de concesiones mineras está suspendida desde diciembre del 2017.
Según el artículo 407 de la Constitución y el artículo 54 del Código Orgánico del Ambiente, en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas y en zonas declaradas como intangibles está prohibida la actividad minera. Pero el Alto Nangaritza, aunque tiene categoría de bosque protector, no es considerada un área protegida.
El Ministerio del Ambiente informó que trabaja en el Plan de Manejo Integral (PMI) del Bosque y Vegetación Protector Cuenca Alta del Río Nangaritza, “en el que se analizan los aspectos técnicos y legales para la pertinencia de su ampliación, considerando que es de gran importancia por ser zona de amortiguamiento del Área Protegida Parque Nacional Podocarpus”.
Además, según el Ministerio, “a través de este documento se promoverá la sostenibilidad del sector, permitiendo un adecuado equilibrio entre la conservación de la cuenca y la ocupación de propietarios individuales, asociaciones, poblados y comunidades Shuar que se encuentran asentadas; mismas que se verán beneficiadas por bioemprendimientos que pudieran desarrollarse y de los servicios ecosistémicos que provee el bosque”.
El 1° de diciembre del 2021, la Corte Constitucional del Ecuador aprobó un fallo en el que declara la vulneración de los derechos de la naturaleza del Bosque Protector Los Cedros, en la provincia de Imbabura, donde se encuentra una parte del proyecto minero Río Magdalena. La máxima entidad jurisdiccional del país declaró que las concesiones mineras en este bosque han vulnerado los derechos de la naturaleza, el derecho al agua y a un ambiente sano, y fijó una consulta ambiental como precedente obligatorio que debe ser puesto en práctica por la industria extractiva y tomada en cuenta por el Estado. Esa sentencia instauró un antecedente que sin duda incide en zonas como el Alto Nangaritza, debido a la afectación que la actividad minera infringe a sus recursos naturales.
Los mineros del distrito Chinapintza se han organizado para legalizarse y capacitarse, con el fin de que les dejen trabajar. Foto: cortesía de Paúl Pineda.
Los shuar que se quedaron sin opciones
La Nacionalidad Shuar tiene entre sus principios la autonomía y la libre elección. La Asociación Tayunts –que agrupa a diez comunidades– decidió, bajo esas condiciones, permitir la pequeña minería en su territorio. Se organizaron y en el 2017 crearon la Asociación de Producción Minera Kakaram –un término shuar que significa “valiente”– con la que buscaron que el Estado les concesione sus propias tierras para ellos también hacer minería.
En un país marcado por la oposición de sus pueblos indígenas a las actividades extractivas, incluso en esta misma tierra, esa aceptación resulta difícil de entender para quienes miran lo que ocurre con ojos de extraños. Pero Washington Tiwi, presidente de la Federación Provincial de la Nacionalidad Shuar en Zamora Chinchipe, explica que “la minería no entró directamente a la comunidad shuar. Entró por los territorios individuales (…), ahí hubo un mestizo que entró con dragas, después con máquinas -continúa Tiwi-, entonces un shuar pidió permisos, que le den la oportunidad para ‘probar’, pero cuando vio que producía, entonces dijo: esto está bueno. Una vez que tuvo dinero, este shuar hizo que otro siga el mismo camino. Y así se fueron expandiendo. Eso fue calando hasta que estalló la minería”.
En la comunidad de Shaime “hubo varios intentos de las autoridades locales por promover políticas públicas que aporten a la construcción de proyectos productivos, turísticos y de emprendimiento para evitar las actividades mineras”, sostiene la periodista María Molina. Pero el objetivo fracasó.
Tiwi también tiene una explicación para eso y lo resume así: “Cuando estuvo el prefecto Quishpe se nos decía que hay que trabajar en productos agrícolas orgánicos. La gente de Shaime cultivó tanto, pero se dieron cuenta ellos mismos de cómo funcionaba: a los 18 meses que se cosecha el plátano pagaban, hasta hace poco, 2,50 dólares por cada racimo. Es decir, divida los 2,50 por los 18 meses que cuesta trabajar para producir eso, ¿qué representa?”.
Su respuesta añade otro cálculo para comparar: “Un gramo de oro está a entre 45 y 47 dólares. En los mejores tiempos ha estado en 50. Mucha gente de la comunidad y de fuera se aglomera por sacar un gramo de oro. Con que se saque solamente un gramo entre dos personas, ya están ganando 20 dólares diarios…”.
Pero no se trata solo de ganar 20 dólares o más cada día. La Nacionalidad Shuar tiene una larga lista de necesidades no atendidas, recuerda Tiwi: educación con respeto a su cultura, universidades para profesionalizarse, acceso permanente a la salud, a la vivienda, a las telecomunicaciones.
Bartolomé Kukush, líder de la Asociación Tayunts, lo tiene claro: “Somos conscientes de que hemos dañado la naturaleza del Alto Nangaritza, pero, ¿qué nos queda?”.
El 29 de septiembre del 2021, Kukush llegó al cantón Zamora con otros indígenas shuar. Juntos caminaron siete horas desde sus comunidades hasta tomar un medio de transporte para llegar a la ciudad. El objetivo era reunirse con las autoridades locales para exponer sus necesidades, pero solo lograron entregar unos documentos. “Nos hemos dado cuenta de que solo en campaña somos importantes”, dijo el líder indígena al salir del edificio del Gobierno Provincial de Zamora Chinchipe.
Los documentos contenían los ofrecimientos hechos años atrás por otras autoridades, uno de ellos, una solicitud de la licencia ambiental para la construcción de los últimos 30 kilómetros de la vía que conecte a las comunidades shuar más alejadas con el resto de la provincia, el proyecto que Salvador Quishpe no concluyó.
“Cuando vimos que las máquinas se aprovecharon para meterse al Alto Nangaritza y destruirlo, tomamos la decisión de no hacer más la carretera”, asegura Quishpe, quien en ese momento gestionó ante el Ministerio del Ambiente la ampliación de la reserva biológica Cerro Plateado, que ya tenía 4 000 hectáreas y duplicó su extensión, con el fin de blindarla de otras intervenciones.
Cuando una carretera se abre, hay el riesgo de que 120 hectáreas de bosque se pierdan por cada kilómetro abierto, le dijo Salvador Quishpe a Mongabay Latam en una entrevista concedida en septiembre del 2018. Si la carretera sigue, la minería también lo hará. Y llegará a zonas más biodiversas que deben ser protegidas.
El Ministerio del Ambiente ratificó en respuesta remitida a este medio que la construcción de esta carretera “no es viable técnicamente en términos de conservación”, por tres motivos: en este ecosistema se encuentran especies adaptadas a condiciones únicas todavía desconocidas para la ciencia. Riesgo para la integridad de los ecosistemas de la zona (actualmente Bosque y Vegetación Protectora Cuenca Alta del Río Nangaritza), de ahí la urgencia por fortalecer la protección legal en la Cordillera del Cóndor. En complemento, no es pertinente la apertura de la vía porque permitiría el libre acceso a mineros ilegales.
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Toda acción trae consecuencias y las consecuencias empezaron a llegar. Según un mapa interactivo creado por el mismo Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica, entre el 2014 –cuando terminó el intento de abrir la carretera hacia las comunidades shuar– y el 2018 se perdieron 4 598 hectáreas de bosque natural en el Alto Nangaritza. Eso es casi 1 000 hectáreas por año.
Al cierre de este reportaje, no hay estudios que revelen los impactos de la minería en el río, pero los expertos explican que el daño causado por el dragado es irreversible. Martín Arana, experto en gestión ambiental, en la minería ilegal e informal y exasesor del Ministerio del Ambiente de Perú cuando este país prohibió el dragado en la Amazonía, explicó en una publicación de Actualidad Ambiental que «los impactos ambientales ocasionados no son mitigables. En consecuencia, los daños ocasionados sobre los cuerpos de agua, en la mayoría de los casos, son irreversibles». Arana citó como efectos notorios de esta práctica la alteración de cauces y dinámica fluvial, generación de sedimentos, contaminación de las aguas, pérdida de hábitats acuáticos, interrupción de procesos ecológicos. Por eso, Perú prohibió desde el 2016 el dragado en la Amazonía.
En febrero del 2018, el fotógrafo zamorano Carlos Medina viajó por última vez al Alto Nangaritza. La idea era hacer fotos de ese “Paraíso Ecológico de Ecuador”, como sus autoridades han apodado a este lugar. Pero una imagen que no se parece para nada al paraíso que había conocido le dejó perplejo: a orillas del río, en la comunidad Shaime, una retroexcavadora asoma su brazo junto a tres hombres que hacen minería en el lugar. Un chorro de agua que fue usada para ese trabajo regresa al río mientras dos niños se bañan en ella. “Me topé con un desastre ambiental. Sentí impotencia y tristeza de ver cómo en pocos días algo tan hermoso y natural se convirtió en tierra removida y su río cristalino en agua turbia y lodosa”. Carlos había encontrado en esa escena la dolorosa imagen de quienes representan el futuro del Alto Nangaritza tomando un baño en agua contaminada por la minería.
1.- La extracción de oro vuelve turbia el agua del río Nangaritza. Foto: Valeria Recalde. 2.- La vivienda típica de un poblado shuar, en el alto Nangaritza. Foto: Carlos Medina. 3.- Guayzimi es el centro cantonal de Nangaritza, conocido como “Paraíso ecológico del Ecuador”. Foto: Jackeline Beltrán. 4.- Las piscinas de dragado contaminan el río Nangaritza, en la comunidad Zurmi. Foto de Jackeline Beltrán. 5.- En Zamora, las retroexcavadoras, que son las máquinas más usadas para la actividad minera, están en todas partes, incluso en una especie de monumento junto al río Bombuscaro. Foto: Jackeline Beltrán. 6.- El redondel del minero se encuentra en Zamora, la capital de Zamora Chinchipe, junto al río que lleva el mismo nombre y al Parque Nacional Podocarpus. Foto: Jackeline Beltrán. 7.- El río Nangaritza era un atractivo turístico antes de que la minería lo invadiera. Foto: Carlos Medina. 8.- En Zamora hay varios murales que hacen alusión a la población shuar, una importante etnia que habita esta provincia. Foto: Jackeline Beltrán.
Jackeline Beltrán Aguilar. Periodista especializada en nuevas narrativas. Escribe sobre política, medio ambiente y cultura. Es editora de contenidos multimedia en diario El Mercurio, de Cuenca, en donde inició un plan de digitalización. Fue corresponsal de El Comercio y cofundadora de La Andariega, el primer medio independiente digital de Cuenca. En el 2019 asumió la subdirección del periódico público El Tiempo. Ha colaborado con los medios digitales La Barra Espaciadora, GK y Primicias. En el 2015 ganó una beca para cursar un posgrado de Periodismo en Diario El Mundo de España, en donde trabajó en la revista dominical. En el 2020 fue becaria de la escuela de Sembramedia para periodistas emprendedores.
