Pastaza, la tierra sin mal
Nemonte Nenquimo (en el centro) es una mujer waorani que lideró el proceso legal que suspendió la explotación petrolera que amenazaba a su comunidad, en Pastaza. Es considerada una de las activistas por los derechos indígenas más importantes del mundo. En 2020 ganó el premio Goldman y la revista Time la destacó como una de las 100 personas más influyentes del mundo en ese mismo año. La BBC la incluyó en su lista de las 100 mujeres inspiradoras e influyentes en el mundo. Foto: Iván Castaneira / Agencia Tegantai.
Por Alejandra Tapia / @AleThoa
La provincia de Pastaza, en el centro-sur de la Amazonía ecuatoriana, ha resistido históricamente a las industrias extractivas. Sin embargo, petroleras, mineras y agroindustrias intentan hacerse de sus territorios con el respaldo del Estado. Las mujeres amazónicas son las más afectadas, pues la violencia de género es mayor en áreas de influencia extractiva. La lucha por la defensa de los territorios amazónicos tiene rostro de mujer.
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“La lucha de Sarayaku nos enseñó que teníamos derechos”,
Bertha Gualinga, líder sarayaku.
Marchar para convivir
En 1992, el líder y educador bilingüe Tito Merino Gayas proclamó las razones que llevaron a más de 2 000 personas a marchar desde la ciudad amazónica de Puyo hasta Quito, la capital ecuatoriana, para exigir al Estado los títulos colectivos de propiedad que reclamaban desde hacía ya tiempo. “Venimos a nombre de la vida, venimos a nombre de todos los seres que habitan nuestros territorios, de los árboles, de las mariposas, de los ríos, de los espíritus que nos ayudan a convivir”.
La Organización de Pueblos Indígenas de Pastaza (OPIP) protagonizó esta marcha histórica que reivindicó así sus derechos territoriales bajo la consigna Allpamanta, kawsaymanta, jatarishun (Por la tierra, por la vida, levantémonos).
Según la cosmovisión de los pueblos indígenas amazónico-andinos, el sumak kawsay o buen vivir es el camino que orienta la vida en plenitud con todos los seres de la Madre Tierra. La convivencia. El Pueblo Kichwa de Pastaza contempla tres principios fundamentales: sacha runa yachay (conocimiento ancestral), sumak kawsay (vida en armonía) y sumak allpa (tierra sin mal). La tierra sin mal es el derecho a territorios libres de extractivismo.
De las seis provincias amazónicas de Ecuador, Pastaza es la más grande, con 29 520 kilómetros cuadrados. Su capital es Puyo y ese nombre proviene del kichwa amazónico puyu, que significa neblina o nublado. La provincia ocupa el centro de la Amazonía ecuatoriana y constituye un punto de convergencia intercultural que reúne a 7 de las 10 nacionalidades indígenas de esta región: Shuar, Kichwa, Waorani, Andwoa, Sapara, Achuar y Shiwiar, además del pueblo mestizo.
Para la comunidad científica ecuatoriana y mundial, dos áreas de conservación ambiental en Pastaza merecen especial atención: la Cordillera del Abitagua y la zona de amortiguamiento del corredor ecológico Llanganates Sangay, ubicadas en la cuenca del río Anzu. Las dos áreas poseen alta biodiversidad de ecosistemas que alojan especies únicas en la región. La cordillera del Abitagua es considerada un hot-spot mientras que la zona del corredor ecológico fue declarada Regalo de la tierra -máximo galardón para iniciativas de conservación- por el Fondo Mundial para la Naturaleza.
Pero quizá lo más relevante sea que en Pastaza está el 40% del Parque Nacional Yasuní, el área protegida más grande del Ecuador continental, con 1 022 736 hectáreas -una superficie equivalente a la de Jamaica o a la de Líbano-, y buena parte de los territorios de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario tagaeri y taromenane. Uno de los mayores tesoros naturales de Ecuador es parte del territorio de grupos humanos en grave riesgo de desaparecer bajo la amenaza extractivista. Sin territorio no hay sumak kawsay.
Comunidades waorani se juntaron en el Consejo de la Judicatura de Pastaza durante una audiencia en junio de 2019 y marcharon en Quito hasta las afueras de las oficinas de Petroecuador EP y del Consejo Nacional Electoral. Fotos: Iván Castaneira / Agencia Tegantai.
Cartel de movilizaciones indígenas en Quito, 2021. Foto: Ramiro Aguilar. Comunicación de la Nación Sápara.
La histórica amenaza de la industria del petróleo
En Ecuador, se perforó el primer pozo petrolero en 1921. Ocurrió en la península de Santa Elena. En la región amazónica, la Compañía Shell perforó el primer pozo en 1946, pero encontró tan solo petróleo no comercializable. Un año más tarde, en el norte amazónico se consolidó la explotación hidrocarburífera con la perforación del pozo Lago Agrio 1, a cargo del Consorcio Texaco-Gulf. Así se inició el boom petrolero. En 1972, Ecuador exportó por primera vez petróleo extraído de esta región. Entre 1968 y 1987, se perforaron 138 pozos, el 80 por ciento en la Amazonía y el 20 por ciento en la Costa.
La Amazonía centro-sur y la Amazonía norte muestran marcadas diferencias en relación con el estado de conservación de su biodiversidad y con las dinámicas socioculturales de sus habitantes. En Pastaza el extractivismo petrolero no se ha desarrollado tanto como en las provincias de Orellana y Sucumbíos.
Para Ruth Arias, docente de la Universidad Estatal Amazónica (UEA), un aspecto decisivo para la explotación petrolera en la Amazonía fue la guerra de 1941 entre Ecuador y Perú. “Para el Estado central, con sede en Quito, la Amazonía era un territorio ausente -explica Arias-, pero luego del conflicto, el país debía fortalecer la presencia en zonas poco ocupadas y se les confirió a las misiones evangélicas el trabajo en territorios amazónicos”.
Las empresas petroleras encontraron mejores condiciones geográficas y topográficas para la explotación petrolera en el norte. “En Pastaza, se presume que existe crudo pesado (…), aquí la accesibilidad es compleja pues el terreno es muy inclinado y reciente, mientras que en el norte amazónico es más plano, antiguo y cálido”.
Para facilitar la explotación de la compañía petrolera Texaco en la provincia de Orellana, en la década de los setenta se construyó la vía Auca, que nace en la ciudad de Coca y termina en el río Tigüino, la zona occidental del Parque Nacional Yasuní. Tras la apertura de la vía Auca, en pleno auge petrolero, el Estado incentivó la colonización en estas tierras, considerándolas baldías, aunque les pertenecieran a los pueblos indígenas que las habitaban ancestralmente. A quien trabajara la tierra y lograra producirla, el Estado le otorgaba títulos de propiedad. Así llegaron a Orellana migrantes de provincias como Cañar, Bolívar, Guayas y Loja. Los relatos de los pueblos kichwa de Tzawata-Ila-Chukapi, comunidades del cantón Santa Clara de Pastaza, describen cómo algunos colonos ofrecían botas de caucho y sal a cambio de grandes territorios indígenas. En la Amazonía esta tensión todavía es visible.
La apertura de la vía Auca causó impactos a la biodiversidad del Parque Nacional Yasuní y sus zonas de influencia. De acuerdo con los datos recabados, entre 1970 y 1990 se perdió el 40% del bosque en las cercanías de la vía, principalmente por deforestación y cacería.
Incluso hoy, en Pastaza, el acceso a territorios indígenas es, sobre todo, fluvial y aéreo. No existen grandes vías terrestres que penetren a toda la provincia hacia el corazón de la selva, como sí ocurre en Sucumbíos y en Orellana. La bióloga Lina Santacruz considera que esa es la razón por la que Pastaza no sufrió los efectos del boom petrolero de los años setenta, pues la realidad no era muy distinta. Esta condición permitió un mayor desarrollo de tecnologías ancestrales para el manejo sustentable del bosque por parte de los pueblos indígenas. “Pastaza es el ejemplo vivo de esto”, afirma la científica.
David Suárez, sociólogo de la organización internacional Land Is Life, va más allá. Para él, uno de los elementos que puede ayudar a explicarlo es la propia configuración cultural de los pueblos de Pastaza. Los Canelos Kichwa sobre todo de la zona del Curaray -explica Suárez- son el producto de un intenso proceso de mezcla de clanes y pueblos diversos provenientes de tradiciones guerreras. Además, estos pueblos desarrollaron espacios de control tanto al interior de sus territorios de selva como en las rutas de intercambio y asentamiento de poblaciones. En contraste, los Napo-Runas -como se llama a los pueblos indígenas de la provincia de Napo- fueron pueblos sometidos a procesos de subordinación de la hacienda cauchera. “Los grupos Canelos Kichwa han tenido una situación diferente, marcada sobre todo, por un relativo espacio de aislamiento territorial que favoreció el control de sus territorios, que fortaleció de alguna manera sus espacios de autonomía frente a la sociedad dominante”.
Ruth Arias, quien ha estado vinculada a procesos organizativos de defensa de los territorios como la escuela amazónica del Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES), la Confederación de Nacionalidades Indígenas Amazónicas del Ecuador (Confeniae) o el Centro Fátima de la OPIP, aporta con un detalle: las haciendas caucheras en el alto Napo funcionaron entre 1884 y 1920, una época en la que el afán nacionalista por insertar a Ecuador en los mercados internacionales, junto a la incapacidad estatal de regular las ambiciosas prácticas de las industrias nacientes, se sobreponía a cualquier consideración legal.
Comunidades kichwa de Santa Clara, en resistencia frente a la empresa hidroeléctrica Genefran. San Juan de Piatúa. Foto: Jóvenes Kichwa de Ponakicsc.
Las rondas petroleras
Las rondas o licitaciones petroleras se iniciaron en Ecuador en 1983. Estas licitaciones son reuniones en las que el Estado presenta ofertas a empresas privadas para conseguir contratos de exploración y/o producción de hidrocarburos en áreas determinadas, denominadas bloques petroleros. La XI Ronda Sur Oriente tuvo lugar en el 2012 y la XII Ronda Intracampos se realizó en el 2020. De acuerdo con un mapa oficial del Banco de Información Petrolera del Ecuador, solo en Pastaza existen 16 bloques petroleros.
El 7 de julio de 2021, Pastaza volvió a estar en la mira de la expansión petrolera, luego de que el gobierno de Guillermo Lasso emitiera el Decreto Ejecutivo 95, con la intención de duplicar la producción nacional y alcanzar el millón de barriles diarios, en un plazo de cinco años.
Para Alexandra Almeida, encargada de la campaña de seguimiento a las actividades petroleras en la organización Acción Ecológica, el Decreto 95 implica privatizar la empresa pública EP Petroecuador para lograr esa meta. “Con ello, se daría apertura nuevamente a las licitaciones del centro-sur de la Amazonía en el Ecuador. El gobierno no está tomando en cuenta las áreas protegidas, el área Imuya o Paujil que forma parte del área intangible del Cuyabeno, la biodiversidad que sería destruida y tampoco la posición de los pueblos indígenas de oponerse rotundamente cada vez que se ha intentado ingresar a sus territorios”, explica la experta.
El Decreto 95 dispuso que el Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables emita un Proyecto de Ley para crear un fondo de sostenibilidad petrolera a fin de erradicar la desnutrición infantil en zonas de influencia. Sin embargo, sostiene Almeida, “La desnutrición infantil es un problema que debe resolverse a nivel integral. Una de las causas en las zonas de influencia petrolera es, precisamente, la contaminación de los ríos, porque mata a los peces que son la fuente de alimentación. Además, la contaminación del suelo afecta a los cultivos”. De hecho, Arajuno posee el 32% de desnutrición crónica infantil y al cierre de esta publicación es uno de los cantones de Pastaza con mayores índices de desnutrición, pues supera el promedio nacional que es de 23%.
Cuando un gobierno habla de explotar más petróleo, los pueblos amazónicos activan su memoria colectiva y evocan casos como el del consorcio transnacional Chevron-Texaco, responsable de la extracción petrolera en la Amazonía norte hasta 1989, y contra quienes todavía al cierre de este reportaje se mantiene un juicio en la Corte Provincial de Sucumbíos. Según los registros de la Unión de Afectados y Afectadas por las operaciones de Texaco (Udapt), este consorcio “desechó cerca de 650 000 barriles de petróleo crudo y más de 16 mil millones de galones de aguas residuales en los ríos y suelos de la selva”, en Orellana y Sucumbíos.
En Pastaza, la excepción a la regla en cuanto a la ausencia de explotación petrolera es el Bloque 10, ubicado entre los ríos Pastaza y Curaray del cantón Arajuno. El Bloque 10 fue concesionado en 1988 al Consorcio ARCO Oriente-AGIP Oil, hoy Consorcio Pluspetrol. Sin embargo, “el Bloque 10 está en un declive muy fuerte porque de ahí se saca muy poco petróleo -señala Almeida-; desde el punto de vista de la tecnología petrolera, lo que se tendría que hacer ahí es abrir nuevos campos, descubrir nuevas reservas, nuevos yacimientos, para poder hacer rentable la extracción en ese bloque”, añade la ambientalista.
Desde el tiempo de AGIP, se realizaron exploraciones para la apertura de tres posibles campos: Moretecocha o Landayaku; Jimpikit y Oglán, pero debido a la resistencia de las comunidades indígenas aún no han sido explotados. Moretecocha está ubicado en la comunidad kichwa del mismo nombre mientras que el campo Jimpikit está en el territorio shuar de la comunidad de Kumai. El campo Oglán, junto con el campo Jimpikit, fueron incluidos en el 2011 y adjudicados al Bloque 10. “Para cubrir la demanda del Decreto 95, las comunidades cercanas a estos campos, seguramente van a tener una presión muy fuerte y sus dirigentes pueden ser víctimas de criminalización y represión, como ya ha sucedido antes”, afirma Almeida.
Según se señala en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Arajuno, el poblado está atravesado por “un oleoducto que produce considerables impactos negativos en el entorno ecológico”. Sumado a ello, se evidencian “derrames ocasionales en las cuencas de los ríos Liquino y Villano Alto en la parroquia Curaray”, además, “la quema de gases como producto de la extracción petrolera ocasiona partículas tóxicas que contaminan el aire”, lo que representa una grave amenaza para la salud de la población.
Lineth Calapucha partió de su comunidad Shiwakucha a los 11 años para estudiar en Puyo. Shiwakucha es una comunidad indígena cercana al campo petrolero Villano del Bloque 10, en Arajuno, y es reconocida por la postura de resistencia a las actividades petroleras y sus iniciativas de turismo comunitario. Pero su abuelo trabajaba para la compañía Shell. Ella lo recuerda con un casco blanco, volviendo de sus largas jornadas. “Los empleados indígenas de la compañía eran macheteros o de apoyo logístico pero ninguno podía aspirar a otro cargo”, cuenta ahora que ya puede detectar los cambios en la vida cotidiana que ha atravesado Arajuno tras la llegada de la petrolera: “Me acuerdo de niña que había peces de colores y que la yuca era muy grande. Los ríos antes eran más caudalosos y hoy se están secando, están contaminados, eso se puede ver en las piedras que son resbalosas”. Antes de la carretera había más unidad, dice Calapucha, “porque hacíamos trueque, ahora todo es para vender. Mi abuela, cuando mataba a un animal, daba a todas las casas. Ahora la gente prefiere ‘pescar’ plátanos y pescado podrido que llega de la ciudad”. Se refiere a los camiones que llegan a Arajuno para vender productos de la sierra.
Calapucha fue dirigente de la Mujer y la Familia de la Asociación de Comunidades Indígenas del Arajuno (ACIA) y llegó a ser la vicepresidente de Pastaza Kikin Runakuna-Pakkiru, organización indígena de la nacionalidad kichwa que reemplazó a la OPIP.
Asamblea comunitaria en Sarayaku, con la amplia participación de las mujeres. Foto: José Miguel Santi. Sarayaku comunicaciones. Abril, 2021.
El Bloque 28
El Bloque 28 fue adjudicado a la compañía Tripetrol en 1995, pero las operaciones no se realizaron de inmediato debido a una serie de protestas de la población indígena y mestiza de Pastaza. Margoth Escobar, activista y comerciante de la provincia, fue parte de ese proceso que luego le costó cinco juicios impuestos por la empresa.
El hoy Consorcio Bloque 28, conformado por Petroamazonas EP de Ecuador; Belorusneft, de Bielorrusia, y Enap Sipetrol, de Chile, fue adjudicado en la XI Ronda Petrolera, en el 2012. En el 2018, este Consorcio presentó al Ministerio de Ambiente del Ecuador el estudio de impacto ambiental para la construcción de una plataforma y su vía de acceso, la perforación de un pozo exploratorio y uno de avanzada, que se harían dentro de la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Llanganates.
“Fuimos alertados por otras comunidades, porque denunciaron que personas desconocidas estaban regalando chanchos y donaciones en navidad”, cuenta Brigit Tapia, presidenta del Pueblo Ancestral Kichwa de Río Anzu (Antzuk Yaku Ayllullaktakuna Kikin Kawsaymanta Tantankuy), conformado por las comunidades San Pablo de Alli Shunku, Boayaku y Gavilán del Anzu, zona de influencia del Bloque 28. Tapia, quien también es profesora en Puyo, cuenta que una de las razones de su pueblo para oponerse a la explotación del bloque 28 es ese estudio que realizó el Consorcio. “Cuando revisamos el estudio de impacto ambiental, prácticamente se declaraba que la explotación de este bloque se realizaría en una zona donde solo existía vegetación, invisibilizando nuestra existencia como pueblos indígenas”, recuerda con indignación.
En kichwa, la dirigencia más alta en representación de las comunidades de un territorio es el kuraka (presidente) y se elige en asambleas generales. Desde octubre del 2020, cuando Tapia fue electa kuraka del Río Anzu, ha sido portavoz del rechazo comunitario al Bloque 28. “Líderes y lideresas que están al frente deben llevar el mensaje o la decisión de sus bases -dice-, si las bases dicen no, pues será no”.
Frente a las constantes amenazas por extractivismos en los territorios indígenas, las normas comunitarias exigen a los foráneos pedir permiso a las y los presidentes y explicar los motivos de su llegada.
Además, como ocurre en la mayoría de casos relacionados con extractivismos en Ecuador, no hubo consulta previa, libre e informada, tal como manda la Constitución de la República. “Como mujeres amazónicas, conocemos el dolor que se vive con la explotación petrolera porque trae división de los ayllus (familias, en kichwa)”. Para Tapia, dar paso a la explotación significaría una muerte lenta de su cultura. “En Gavilán del Anzu, aún tenemos bosques primarios, ríos cristalinos, espacios sagrados como las cascadas o las piedras que tienen espíritus. Nosotros pescamos para alimentar a nuestras familias, no para negocio en grandes cantidades. Vivimos de la selva”, dice.
Un estudio liderado por Ruth Arias y publicado en la Revista Amazónica Ciencia y Tecnología determinó que en el corredor ecológico Llanganates-Sangay-Valle del Anzu, existen 35 especies de mamíferos, de 8 órdenes y 20 familias, 10 de ellas amenazadas. En la investigación se destacan especies emblemáticas como el oso andino, el tapir andino y amazónico, el puma y el chorongo.
Con un área aproximada de 1 728,36 kilómetros cuadrados de superficie, es decir, unas 172 835,72 hectáreas, el Bloque 28 se extiende desde Mera hasta Santa Clara, atravesando la ciudad de Puyo. Comprende las parroquias Teniente Hugo Ortiz, 10 de Agosto, Canelos, San Jacinto, Río Anzu y Pueblo de la Nacionalidad Kichwa de Santa Clara, Ponakicsc. Como consecuencia, las actividades en este bloque afectan además a poblaciones tanto indígenas como campesinas y también a la ciudad de Puyo, de población mayoritariamente mestiza.
Entre el 2019 y el 2021, organizaciones indígenas, ecologistas, gremios turísticos, jóvenes activistas y artistas de Pastaza realizaron eventos de sensibilización por la defensa del agua, para advertir a la ciudadanía, pues la principal alerta si se produjese un derrame petrolero es la posible contaminación de los ríos Tigre, Puyo y Anzu.
Los habitantes de Pukayaku, parroquia de Mera, cantón Pastaza, presentaron el caso ante la Defensoría del Pueblo. Esta institución inició una investigación defensorial en marzo de 2019 que constató la presencia de maquinaria y una plataforma de exploración. En octubre de 2021, el Consorcio presentó documentos en los que desistió de operar en esta zona.
Antes de la pandemia, la antropóloga Ivette Vallejo y su equipo de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso-Quito) realizaron la investigación Género y multidimensionalidad de territorios en contextos de extractivismo, en el territorio de las comunidades indígenas kichwa del Anzu. Entre los hallazgos se determinó que tanto el extractivismo como las políticas de cambio climático de los distintos gobiernos en Ecuador no incorporan las relaciones ancestrales para garantizar a largo plazo el cuidado de estas zonas. Según el estudio, del total de 276 familias, solo el 0,47% se dedica a la ganadería y el 2,79% trabaja como jornaleros en actividades agrícolas y pecuarias. Casi todas las familias del Anzu producen papa china y caña de azúcar. Sus fuentes de ingresos por la venta de esos productos podrían verse afectadas con la amenaza de contaminación de los suelos y los ríos; además, la pesca es una actividad de subsistencia alimentaria que también se vería seriamente afectada, explica la antropóloga.
Para Vallejo, en Pastaza, “el manejo de agroecosistemas está más arraigado a prácticas ancestrales”. A Pastaza hay que verla desde su heterogeneidad, explica la experta. La Pastaza “profunda”, como ella denomina a las comunidades de la selva, todavía conserva estas prácticas.
Otros resultados del estudio muestran que la población joven es la que más sale de las comunidades: el 55,88% lo hace de forma permanente; el 38,24% temporalmente y el 5,88% restante es estacional. “Si nos referimos a la selva profunda desde la ética del cuidado, el rol de las mujeres está más arraigado, pues son ellas quienes se quedan más en los territorios, cuidando sus chacras o cultivos”, explica Vallejo.
Las nacionalidades indígenas, colectivos, organizaciones sociales, gremios de turismo, artistas y finqueros consideran que existen alternativas económicas a la explotación petrolera que no afectarían a la biodiversidad de la provincia. Algunos, incluso, han diseñado propuestas ecoturísticas y de turismo comunitario. Pero ciertos sectores relacionados con el comercio consideran la explotación del Bloque 28 como una oportunidad económica. Mientras tanto, la población más alejada de las zonas de influencia ha permanecido al margen de la discusión. Las preguntas que atraviesan a todos los habitantes continúan irresueltas: ¿cuáles serán los beneficios reales de la explotación de hidrocarburos para las comunidades? ¿Cuáles serán los daños?
Plantón para la defensa del río Piatúa, en Santa Clara, Pastaza. Foto: Jóvenes Ponakicsc (Pueblo Originario Kichwa de Santa Clara).
El alto precio de incumplir la consulta previa
Bertha Gualinga, dirigente de la Mujer y la Familia de Sarayaku, recuerda que en el 2001 el gerente de la Compañía General de Combustibles (CGC), de Argentina, se presentó ante la asamblea comunitaria. Algunos hombres, esperanzados en conseguir un trabajo, quisieron atenderle, pero las mujeres presentes se negaron. Algunas amenazaron con no brindar nunca más chicha -bebida tradicional fermentada de yuca- si los hombres aceptaban. Firmar con la petrolera significaba la destrucción de todo lo que poseían, por lo tanto, la muerte de su pueblo.
Franco Viteri, quien llegó a ser presidente de la comunidad en 2002, cumplió el mandato de su pueblo e impidió la entrada de la CGC, pero aunque la población rechazó a la petrolera, el Estado resguardó su entrada en el 2003 y militarizó su territorio. Como respuesta, la comunidad montó campamentos de vigilia. “Aún quedan marcadas las cicatrices. En todo ese proceso, hombres y mujeres estábamos en la selva, con bebés en brazos, había mujeres embarazadas, mujeres ancianas”, recuerda Gualinga.
A Sarayaku solo se puede llegar en avioneta cuando no hay lluvias extremas, o en canoa a motor cuando el río Bobonaza tiene suficiente caudal. La llegada de la CGC a Sarayaku provocó el cierre del puerto de la comunidad kichwa Canelos, que era la puerta de entrada para quienes llegaban por el río. “Recuerdo que la compañera Hilda Santi salió corriendo hacia la misión y desde ahí nos llamó por teléfono para reportar un enfrentamiento con machetes en Canelos. Algunos compañeros habían resultado heridos y otros desaparecidos. Ahí estaba Franco (Viteri), mi marido. Lo encontramos a los tres días -narra Bertha-; todas las actividades en nuestro pueblo se paralizaron con la llegada de la compañía petrolera y hacíamos guardias en la selva para defendernos”.
El convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) protege los derechos humanos, laborales y económicos de los pueblos indígenas y tribales y establece que los pueblos deben ser consultados y participar en los procesos de decisiones de los Estados que pudieran afectarlos. El artículo 6 del convenio dice que las consultas deben realizarse de buena fe y tener como fin su consentimiento.
A raíz del convenio 169, las constituciones de países como Bolivia o Ecuador han incluido estos derechos. De hecho, las constituciones del Ecuador de 1998 y de 2008 recogen la consulta como un mandato. Además, la Constitución del 2008 garantiza la protección de los derechos colectivos mediante su artículo 57. “Este bloque constitucional que incluye los pactos, tratados, convenios e instrumentos internacionales de derechos de pueblos indígenas a nivel internacional es de obligatorio cumplimiento para los estados”, añade Jorge Acero, coordinador legal de la organización Amazon Frontlines.
En junio de 2012, Sarayaku -un pueblo indígena kichwa de aproximadamente 2 555 habitantes, según el Censo de 2010- marcó un precedente para la defensa de los derechos de pueblos indígenas cuando obtuvo una sentencia favorable de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que reconoció que sus derechos fueron vulnerados. La sentencia del llamado Caso Sarayaku vs. Ecuador reconoció que el Estado vulneró sus derechos al permitir el ingreso a su territorio de la empresa argentina sin su consentimiento. “Esta sentencia es un marco de referencia al momento de hablar de consulta previa, libre e informada, porque determina qué pasos y procedimientos se debe respetar para realizarla”, explica Acero.
La sentencia del caso Sarayaku reforzó el argumento esencial de tres casos exitosos en la Amazonía ecuatoriana: dos de ellos tuvieron lugar en Pastaza y uno en la provincia de Sucumbíos. La conclusión fue contundente: en ninguna de las poblaciones indígenas donde se pretendía realizar proyectos petroleros, hidroeléctricos o mineros, se contó con un adecuado proceso de consulta.
En el Caso Piatúa, Ponakicsc, en Pastaza, se obtuvo una acción de protección en septiembre del 2019 para detener el proyecto hidroeléctrico de la empresa Genefran S.A. en el río Piatúa. El proyecto ya había avanzado en un 10% con el ingreso de maquinarias, cuando la Corte Provincial decidió suspenderlo. Jazmina López, exvicepresidente de Ponakicsc, tenía 25 años cuando se opuso al proyecto y se unió a las marchas de protesta. “Tenía miedo, pero al ver a las mujeres mayores que se pusieron al frente, no me permití retroceder”, recuerda.
En el Caso Resistencia Waorani, presentado ante el Tribunal de Garantías de Pastaza, se impidió la explotación de 200 000 hectáreas en el Bloque 22. El pueblo ganó el fallo el 26 de abril de 2019 al demostrar que no se había realizado un adecuado proceso de consulta durante la XI Ronda Petrolera del 2012. “Simplemente vinieron a una reunión de un día y al siguiente día se retiraron”, cuenta Silvana Nihua, la joven presidente de la Coordinadora de la Nacionalidad Waorani de Pastaza (Conconawep).
A estos dos casos en Pastaza se sumó el llamado Caso Sinangoe, en la provincia de Sucumbíos, en el que la comunidad de Sinangoe de la nacionalidad A´i Cofán obtuvo una sentencia el 16 de noviembre de 2018 que dejó sin efecto las concesiones mineras de 32 000 hectáreas en las zonas de los ríos Aguarico, Chingual y Cofanes. Este fallo histórico canceló posibles nuevas concesiones y ordenó la reparación por los impactos ocasionados a las poblaciones afectadas.
“Esta es una puerta abierta para hablar de consentimiento desde la comprensión del derecho de los pueblos”, explica Acero. Para él, el deber principal del Estado es el de proteger y garantizar los derechos constitucional e internacionalmente establecidos. “Frente a este deber, es maquiavélico el uso de la expresión o justificación del interés nacional o el del beneficio a la mayor parte de la población como legitimador de la violación a derechos esenciales de las personas, pueblos indígenas o de la naturaleza”, dice. Para ejemplificarlo, el jurista parafrasea lo que se les dijo en una audiencia del Caso Sinangoe a los jueces a cargo del dictamen: “Ustedes nos van a costar millones y van a llevar al Estado a la quiebra”. Para el experto, “el entendimiento del alcance y relevancia de la seguridad jurídica implica respetar y garantizar los derechos establecidos y obligaciones como la consulta previa, y no utilizarla para proteger intereses económicos derivados de la violación de esos derechos”.
En el caso Sarayaku vs. Ecuador, la Corte Interamericana de Derechos Humanos exigió al Estado una indemnización de 1 250 000 dólares para el Pueblo Sarayaku por daño inmaterial. Por su parte, el 9 de marzo del 2019, la compañía petrolera CGC interpuso una demanda contra Ecuador ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), organismo adscrito al Banco Mundial. Antes de finalizar el plazo de renegociación con la petrolera, el Estado acordó indemnizar a la CGC con 18,5 millones de dólares. Por mandato de la Corte IDH, Ecuador está obligado a cumplir con ciertas medidas de reparación a Sarayaku, como el retiro de los explosivos que usaba la empresa para sus operaciones, pero a finales del 2021, aún esos explosivos se encontraban sembrados en su territorio.
El dictamen a favor de la CGC y en contra del Estado ecuatoriano en un arbitraje internacional no es el único. Más bien es otro eslabón de una cadena de sanciones que Ecuador debe cumplir pagando miles de millones de dólares de las arcas públicas. En abril de 2012, se anunció que Petrobras recibiría una indemnización de 217 millones de dólares. En noviembre de 2015, el Ciadi ordenó a Ecuador el pago de 1 061 millones de dólares a la Occidental Petroleum (OXY). En junio de 2016, un Tribunal de Estados Unidos dictaminó que Ecuador debía pagar 96 millones de dólares a la empresa transnacional Chevron-Texaco. Al cierre de esta publicación el caso aún está en curso, pues la justicia ecuatoriana dictaminó que la transnacional debía pagar una indemnización de 9 500 millones de dólares a los habitantes afectados por sus operaciones.
Sobre el río Napo pasan diariamente decenas de plataformas con crudo y materiales destinados a las operaciones de explotación petrolera en la zona. Los ríos, que históricamente han sido las vías de comunicación de las comunidades amazónicas, también han sido tomados por la industria. Foto: Iván Castaneira / Agencia Tegantai.
Las mujeres defensoras de la selva
Territorio-cuerpo-tierra es un concepto construido por las mujeres indígenas Xinkas en resistencia contra la minería en las montañas de Guatemala. Desde el feminismo comunitario territorial, Lorena Cabnal dice que es en los cuerpos donde habitan todos los efectos de sistemas de opresión pero también la rebeldía, la transgresión y la resistencia, la posibilidad de sanación colectiva a partir de las memorias de las ancestras y las plantas medicinales. El feminismo comunitario territorial es una propuesta propia y cotidiana de mujeres indígenas y rurales para denunciar todas las formas de violencia que sufren en sus territorios. “Defendemos los territorios y el principal territorio es el cuerpo de nosotras como mujeres”, afirma Cabnal.
Katy Machoa, psicóloga clínica y exdirigente de la Mujer y la Familia de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), explica que se está trabajando una agenda de mujeres en la Amazonía que “debe responder a prioridades y demandas de las organizaciones, así como mecanismos de acción”. Uno de los temas que incluirá la agenda es la violencia de género, cuya herramienta parte del feminismo comunitario para retomar formas de justicia como los consejos de ancianos, sistemas de reparación, escucha de las partes, entre otros, de manera que permitan entender que la violencia responde a la reproducción de una lógica patriarcal, explica.
El 25 de noviembre de 2021, Día Internacional de Eliminación de la violencia contra las Mujeres, la Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras de los Derechos Sociales y Ambientales entregó a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) un pronunciamiento para que cese la violencia que generan las industrias extractivas contra las mujeres. Parte del documento dice: “Las mujeres somos las más afectadas por estas economías extractivistas (…) Estamos expuestas a diversas formas de violencia que causan las actividades extractivas: agresiones físicas, sexuales y psicológicas que ponen en riesgo nuestras vidas, cuerpos y territorios; contaminación que afecta a la ciudad; criminalización que afecta a la integridad y despojo de nuestros territorios”.
Ejemplos violentos como el asesinato de la ambientalista indígena Bertha Cáceres, en Honduras; contaminación en Bolivia a causa de la minería, atentados con armas en Guatemala, el permanente hostigamiento a Máxima Acuña en Perú, quien se enfrentó a la empresa minera Yanacocha o los desalojos forzados para implantar actividades mineras sin siquiera consultar a los pueblos afectados, en Ecuador, son solo algunos de los motivos que esgrime la Red.
En la Amazonía ecuatoriana las mujeres están organizadas, aclara Machoa. En el norte está la Red de Mujeres Amazónicas por la Vida, de la Udapt. Además, en el centro sur, existen tres escuelas de formación: en Napo, la escuela de formación de mujeres Wankurishka Yachay Warmikuna, de la Federación de Organizaciones Indígenas del Napo (FOIN); en Pastaza, la escuela territorial de mujeres de la Nacionalidad Shuar de Pastaza (Fenash-p) y la escuela de formación de lideresas Antisuyu warmikuna, de la Confeniae.
En el 2013, en reacción a los resultados de la XI Ronda Petrolera, se organizó la movilización de las mujeres amazónicas, que partió desde Puyo rumbo a Quito. La consigna fue rechazar la concesión de sus territorios indígenas. “Defendemos el derecho de las mujeres a defender la vida, nuestros territorios, y a hablar con nuestra propia voz”, fue la proclama. “Las mujeres de Pastaza se movilizaron y las mujeres de Napo acompañamos”, explica Katy Machoa, exdirigente de la Conaie. Para ella, el proceso de movilizaciones de las mujeres amazónicas desde el 2013 exige una postura de diálogo con resultados que todavía no han llegado. Según Machoa, hay un crecimiento en la representación femenina durante los últimos 10 años, pero ahora se discute la la participación visible de la mujer.
Las mujeres defensoras de la selva en Pastaza, protagonistas de movilizaciones en el 2013, 2018 y 2019, cumplen la función de sensibilizar y alertar a las poblaciones en sus recorridos por las riberas de los ríos. Zoila Castillo, Rosa Gualinga, Patricia Gualinga, Rosa Dahua, Nancy Santi fueron algunas de las voceras de la marcha hacia Quito del 2013, cuando entregaron a la Asamblea Nacional la declaratoria del Kawsak Sacha-Selva Viviente, que exige territorios libres de extractivismo. Se sumaron también las mujeres del Bloque 10, procedentes de las comunidades de Villano, Piwiri y Santa Cecilia, cuyos testimonios reforzaron la negativa a la explotación petrolera en sus zonas.
Desde su creación en el 2013, el colectivo de mujeres amazónicas está conformado por mujeres de seis nacionalidades indígenas: Kichwa, Shuar, Achuar, Shiwiar, Sapara y Waorani. La organización lucha contra los efectos del extractivismo en sus territorios, el cambio climático y la violencia de género.
Nina Gualinga dijo -en un perfil publicado en la revista Vogue, México, que su enfoque responde a que las industrias que causan el cambio climático también contribuyen a que aumente [la violencia de género] en los territorios en los que operan. Las mujeres amazónicas han cobrado mayor protagonismo en campañas de incidencia mediática y jurídica con causas como la exigencia de esclarecer la muerte de la defensora indígena shuar María Taant, quien fue atropellada cuando iba de regreso a su casa, en marzo de 2021, después de un acto de reconocimiento a la lucha de las mujeres amazónicas, por parte de la Defensoría del Pueblo de Pastaza.
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Pastaza es la tercera provincia amazónica con los más altos índices de violencia contra las mujeres en Ecuador. Según la Encuesta Nacional sobre Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las mujeres (Envigmu, INEC) del 2019, 73 de cada 100 mujeres han vivido algún tipo de violencia en esta provincia. Además, la encuesta demuestra que “la violencia sexual, expresada especialmente en los delitos de violación o abuso sexual, el embarazo infantil forzado y el embarazo adolescente, así como la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual son realidades que se viven en la circunscripción territorial y afectan directamente a las personas, familias, colectivos y comunidades que viven en las áreas de influencia de las actividades extractivas”.
Los datos del estudio Brechas de Género, a cargo del proyecto PROAmazonía, liderado por el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, Ministerio de Agricultura y Ganadería y el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), evidenciaron que 6 de cada 10 mujeres amazónicas son víctimas de violencia psicológica. Además, 3 de cada 10 mujeres ha sufrido violencia sexual en la Amazonía. De acuerdo con las estadísticas, en Ecuador se registraron 506 víctimas de femicidio desde el 10 de agosto de 2014 al 31 de octubre de 2021. Y 3 de ellas vivían en Pastaza.
En el 2017 la activista y educadora Nadiezhda Díaz llegó a Puyo desde Quito y dos años después formó el Colectivo de Mujeres Caminantes. El objetivo: impulsar políticas públicas para que los gobiernos locales asuman la obligación de incluir en su planificación la prevención y erradicación de la violencia de género como prioridad de Estado. “Nos levantamos artivistas para ser la voz de la resistencia justa no violenta, para hacer frente a la violencia simbólica, social, estatal, étnica, física, económica, racial, religiosa, sexual, psicológica, moral, espiritual y material”, exclama.
Díaz es educadora del Instituto Canelos, en Pastaza, y artista. Su intención con la organización es reforzar procesos de formación que promuevan la no violencia y usen el arte para sensibilizar a la población.
Con la incorporación progresiva de mujeres académicas y profesionales, el Colectivo de Mujeres Caminantes pretende incidir en las decisiones de las autoridades locales para garantizar los recursos necesarios que permitan erradicar la violencia y así evitar que los extractivismos se tomen el territorio. “La violencia se aprende y la no violencia también”, dice Nadiezhda.
En la Amazonía, el extractivismo no es una solución en sí misma sino una ilusión de necesidad que no ofrece garantías sostenibles. Los hechos demuestran que cuando los gobiernos deciden no consultar a las comunidades que podrían verse afectadas por sus decisiones, firman su propia condena, pues se convierten en cómplices del desfalco de las arcas públicas para pagar indemnizaciones con el dinero que podría pagar escuelas, hospitales, vivienda digna o servicios básicos. Además, los litigios internacionales aumentan como aumenta la vergüenza internacional que enfrenta el país, pero al mismo tiempo construyen referentes en las luchas por la defensa de los territorios. Como respuesta, la organización social y las iniciativas que nacen de colectivos de mujeres constituyen espacios de búsqueda de alternativas al extractivismo y al abuso del poder político y económico.
La diversidad faunística en el cantón Mera, en Pastaza, es incomparable. Este punto es considerado un hot spot biológico por la comunidad científica mundial debido a la inmensa cantidad de seres vivos que habitan en el lugar. Fotos: Iván Castaneira / Agencia Tegantai.
Alejandra Tapia. Ha trabajado en la investigación y desarrollo de estrategias en apoyo a causas sociales relacionadas con los derechos humanos, las artes y la biodiversidad. Fue coordinadora de la Radio Pública en Pastaza, asistente de comunicación en la oficina de coordinación de Puyo del Pueblo Originario Kichwa de Sarayaku, Asesora de Comunicación de la Corte Constitucional, Coordinadora de Sud América de la Red tierra del Futuro. Docente de comunicación, semiótica, guiones en la Universidad Metropolitana. Trabajó en el Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES), en Instituto Quichua de Biotecnología Sacha Supai y en la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (Coica) como analista de comunicación.
